UGT no comparte los intentos de prorrogar la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y señala que, las Comunidades Autónomas que pretenden esto son aquellas donde la aplicación y el desarrollo de la norma es menor. El sindicato demanda que la ley se aplique en los plazos acordados y se adjudiquen, de una vez, las prestaciones concedidas a más de un 30% de beneficiarios. Asimismo, recuerda que esta Ley es fruto de un proceso largo de reivindicaciones y destaca que, este año, esta prevista la evaluación de la misma a partir de la cual se podrá modificar, si es necesario, pero evitando que las posibles insuficiencias financieras supongan un recorte de derechos.

Ante las voces que han suscitado la posibilidad de aplazar la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, desde UGT no compartiremos cualquier intento por parte de algunas Comunidades Autónomas de prorrogar la implantación y el desarrollo de esta Ley, llama la atención que quien pide retrasar la implantación de la ley, es precisamente en aquellos sitios donde el grado de aplicación y desarrollo es menor.

Desde UGT queremos insistir en la necesidad de que la ley se aplique conforme a los plazos regulados para la implantación del Sistema, contenidos en la propia Ley. Así como, la inmediata elaboración y aplicación del programa individual de atención de aquellos ciudadanos que ya han sido valorados pero aún no les han sido concedidas sus prestaciones; recordamos que existen más de un 30% de beneficiarios cuya prestación esta pendiente de adjudicar.

Para nuestro Sindicato la atención a los ciudadanos en situación de dependencia es un derecho, cuya consecución ha sido fruto de un proceso largo de reivindicaciones, plasmado a través de una ley, por lo que su concesión y prestación no puede verse afectada por una cuestión económica.

Por otra parte, este año esta prevista la evaluación de la Ley, por lo que esperamos que de los resultados podamos obtener datos suficientemente cualitativos, que nos permitirán conocer los efectos de esta Ley, el grado de cumplimiento de la misma, la rentabilidad social y por supuesto conocer si el sistema financiero de la ley es suficiente en función de los costes de los servicios y prestaciones; con el propósito final, o al menos eso esperamos desde nuestro Sindicato de corregir aquellas desvirtuaciones que la implantación del sistema ha traído. Con estos resultados se debería poner en evidencia si el actual sistema financiero permite la protección de las personas en situación de dependencia que comporta este derecho, modificándose, de ser necesario pero nunca, estar supeditada la insuficiencia financiera a un recorte de derechos.