Miles de empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado se concentraron frente a Ministerios y delegaciones del Gobierno durante los pasados meses de junio y julio para protestar contra las medidas anunciadas por el Gobierno.
El Ministerio de Administraciones Públicas anunció una política restrictiva para el personal de la AGE que se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de este colectivo. El Gobierno comunicó asimismo que la oferta de empleo público se reducirá un 70% durante el próximo ejercicio.
Ante esta situación, las organizaciones sindicales anuncian nuevas movilizaciones a partir de septiembre.

Tras la Declaración para el Impulso de la Economía, el Empleo, la Competitividad y el Progreso Social, suscrita el 30 de julio de 2008, por el Gobierno, la Patronal y las Organizaciones Sociales más representativas, la Administración General del Estado debe impulsar medidas que fomenten unos servicios públicos de calidad para el conjunto de los ciudadanos.
Asimismo, y previo a esta Declaración, la Ministra de Administraciones Públicas ha reconocido en su comparecencia ante el Congreso el pasado día 19 de junio de 2008, que “un país eficiente necesita una Administración eficiente”, exponiendo ante esta Cámara un conjunto de medidas encaminadas a fortalecer y consolidar una Administración mejor al servicio de los ciudadanos, una Administración más moderna y más eficaz, capaz de adaptarse a los cambios y prestadora de servicios públicos de calidad, con eficacia y eficiencia.
Por ello, en un contexto económico desfavorable como el presente, los servicios públicos de la Administración General del Estado se erigen, más que nunca, en garantía de desarrollo y crecimiento para la sociedad y, a tal fin, las iniciativas que se adopten en este campo deben ir acompañadas, necesaria y lógicamente, de políticas efectivas para sus empleados públicos que motiven y potencien su desempeño e iniciativa.
Entre esas políticas, y en el marco de la Declaración y comparecencia indicada, UGT, CCOO y CSI-CSIF reclaman y entienden que existe la necesidad de que los empleados públicos de la Administración General del Estado mantengan el poder adquisitivo de sus salarios, más aún si se tiene en cuenta que, en el marco del empleo público del conjunto de Administraciones Públicas, las retribuciones de dicho colectivo se sitúan alrededor de 30 puntos por debajo de la media.
Asimismo, UGT, CCOO y CSI-CSIF, solicitan a la Administración la necesidad de garantizar y promover la creación de empleo público, sin que deba asumirse como herramienta eficiente en un contexto económico desfavorable, el recorte anunciado por el Gobierno del 70% en la Oferta de Empleo Público del Estado.
UGT, CCOO y CSI-CSIF, consideran que las medidas anteriores son imprescindibles para conseguir los objetivos marcados, reiteradamente expuestos por la Ministra de Administraciones Públicas y establecidos en la Declaración para el Impulso de la Economía, el Empleo, la Competitividad y el Progreso Social, concluyendo que, cualquier decisión ajena a tales medidas, podrían hacer inviables los objetivos mencionados, básicos en un escenario como el actual.
Asimismo entienden que, Acuerdos como el recientemente suscrito entre las organizaciones sociales y el Ministerio de Trabajo (31 de julio de 2008), sobre mejora de los Servicios Públicos de Empleo, ponen de manifiesto que, el fortalecimiento de dichos servicios pasa, necesariamente, por el crecimiento del empleo público, la mejora de sus condiciones retributivas y de empleo y el establecimiento de una promoción profesional efectiva, entre otras medidas acordadas.
Por ello, UGT, CCOO y CSI-CSIF reclaman iniciativas análogas para el conjunto de empleados públicos de la Administración General del Estado, concretadas inicialmente en el mantenimiento de su poder adquisitivo y en el no recorte de la Oferta de Empleo Público, en el convencimiento de que solo de esta manera podremos alcanzar unos servicios públicos de calidad, garantes del fortalecimiento social y económico del conjunto de la sociedad.